Las falsificaciones en el siglo XXI

Los consumidores estamos rodeados de falsificaciones, a veces sin ser conscientes de ello: textil, cosméticos, componentes electrónicos, electrodomésticos, recambios de todo tipo de maquinaria, juguetes, medicamentos, se puede afirmar que absolutamente todo se falsifica. Las consecuencias del desarrollo acelerado de este fenómeno criminal son muy graves y condicionan la evolución de las distintas actividades económicas. La gravedad de la situación y la escala en la que se mueve hacen necesaria, no sólo su persecución policial y legal, sino un cambio radical en la percepción social de este delito y en un cambio de la mentalidad de los consumidores que prime la calidad frente a la cantidad, revalorizando el trabajo y el talento.

Justo en el lado opuesto a las falsificaciones se encuentra el comercio legal. La venta legal genera un flujo económico que ayuda a los barrios, pueblos y ciudades a prosperar económica y socialmente. Si hay mercado, pueden crearse más marcas, más innovadoras y más competitivas que ofrezcan mejores productos, más variados y a mejores precios. En cuanto a la vida de los barrios y pueblos, activan la economía: se alquilan más locales, revaloriza la zona y mejora el transporte y los servicios públicos. El comercio legal también produce empleo, no sólo en el comercio, sino también en los sectores relacionados, como el transporte, la distribución, limpieza, hostelería, gestoría y un largo etcétera. Por último, toda esta actividad genera el pago de impuestos que vuelven al consumidor en forma de servicios públicos –como la sanidad o la educación, de pensiones y de mejoras sociales.

Los expertos aseguran que, si el siglo XX fue el siglo del narcotráfico, el siglo XXI va a ser el siglo de las falsificaciones y los delitos contra la propiedad industrial.

Los delitos de propiedad industrial apoyan las actividades de las bandas criminales organizadas, existe evidencia de que los productos falsificados son un ataque contra la sociedad que requiere una respuesta internacional, y existe también interconexión entre el delito de los derechos de propiedad industrial y otros tipos de delitos graves.

Una amplia gama de diferentes delitos está relacionada con delitos de propiedad industrial, incluidos delitos farmacéuticos, tráfico de drogas, homicidio, posesión ilegal de armas, trabajo forzado, fraude alimentario, fraude de impuestos especiales, fraude del IVA, corrupción y lavado de dinero.

El delito de propiedad industrial a menudo se considera un delito "sin víctimas", que causa un daño relativamente "pequeño". Sin embargo, además de causar daños a la economía en general y a las empresas propietarias de propiedad industrial (incluidas las pequeñas y medianas) en particular, en muchos casos, los delitos contra la propiedad industrial son cometidos por grupos de crimen organizado y pueden causar daños a la salud y el bienestar de los consumidores, el medio ambiente y la sociedad. (FUENTE:  EUROPOL – EUIPO: Informe sobre delitos de propiedad industrial y sus vínculos con otros delitos graves)

Especialmente grave es el problema de los medicamentos falsificados que tienen repercusiones en muchos ámbitos: daños a la salud de las personas o falta de tratamiento adecuado de sus necesidades médicas. Las estimaciones muestran que entre 72.000 y 169.000 niños pueden morir de neumonía cada año tras recibir medicamentos falsificados, y que la medicación falsificada contra la malaria podría ser responsable de 116.000 muertes adicionales. (FUENTE: El comercio de productos farmacéuticos falsificados. Informe conjunto de la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO))

Otro estudio muestra la magnitud de los peligros para la salud que entrañan los productos falsificados, como demuestran las alertas presentadas por las autoridades de vigilancia del mercado de la UE en el «Sistema de alerta rápida para productos no alimenticios peligrosos» de la Comisión Europea (sistema RAPEX); el único sistema disponible que informa de las medidas adoptadas por las autoridades contra los productos no seguros en los mercados de los países europeos.

De hecho, el sistema RAPEX se refiere a los productos que tienen la doble característica de ser no seguros y falsificados, o, al menos, de los que se sospecha que son una falsificación y que fueron señalados como tales por las autoridades de vigilancia del mercado competentes. los siete riesgos más comunes comunicados en las alertas analizadas, a saber: sustancias químicas, lesiones, estrangulamiento, asfixia, descargas eléctricas, daños auditivos o incendios. Representan casi el 92 % de todos los riesgos identificados a través de las alertas. Según el análisis de las alertas RAPEX de 2010 a 2017:

• el 97 % de los productos falsificados peligrosos registrados representaba un riesgo grave para la seguridad y la salud de los consumidores;
• los juguetes son el tipo de producto más popular, seguidos de las prendas de vestir, los productos textiles y los artículos de moda. De hecho, los usuarios finales del 80 % de las mercancías declaradas como peligrosas y falsificadas eran niños (juguetes, artículos de puericultura y ropa infantil);
• el peligro más común notificado (32 %) estaba relacionado con la exposición a sustancias químicas peligrosas y toxinas que podrían causar problemas sanitarios agudos o crónicos debido a la exposición inmediata o prolongada;
• el 24 % de los productos peligrosos registrados como falsificaciones entrañan más de un peligro para los usuarios;
• las causas de los riesgos detectados son diversas: desde la mala construcción de los productos y el uso de artículos y componentes de baja calidad al desconocimiento de la normativa o de los mecanismos de seguridad;
• se constató que la mayoría de los productos falsificados peligrosos que se pueden encontrar en la UE tienen su origen en China (entre 2010 y 2017 un 73 % de los productos procedían de este país), mientras que el 13 % procede de la Unión Europea.

(FUENTE: ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LOS RIESGOS QUE ENTRAÑAN LAS FALSIFICACIONES PARA LOS CONSUMIDORES. EUIPO JUNIO de 2019)

Consumo responsable. La respuesta recae en último lugar sobre el ciudadano, sobre el consumidor individual que debe tomar la decisión de negarse a comprar falsificaciones. Es necesaria la concienciación social sobre efectos que tienen los delitos contra la propiedad industrial para el conjunto de la sociedad, las medidas policiales y legislativas son fundamentales, pero no dejan de ser un complemento a la necesaria concienciación social sobre los graves efectos que conlleva el consumo de falsificaciones.

La decisión de compra de falsificaciones no debe estar motivada únicamente por una cuestión económica, sino que el consumidor debe hacer un ejercicio de valoración moral que tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que defiende al productor y al creador es una sociedad que apuesta por el trabajo de calidad, por la remuneración justa del trabajo, por la defensa de la tradición artesanal, y por la defensa de los derechos y la salud de los consumidores.